¿Es inhábil el mes de agosto a efectos del plazo de interposición de recursos administrativos?

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En las sucesivas leyes de procedimiento administrativo que se han venido sucediendo en el ordenamiento jurídico español, la regulación de términos y plazos así como su incidencia y efectos en la tramitación de procedimientos administrativos por parte de las diferentes Administraciones Públicas, ha venido ocupando un lugar destacado en las sucesivas regulaciones, lo cual no es más que una plasmación del principio constitucional de seguridad jurídica proclamado en el art. 9.3 de la Constitución Española de 1978, dados los efectos que el tiempo y su transcurso producen sobre los derechos, intereses o simples expectativas de interesados y/o ciudadanos.

Actualmente dicha regulación a nivel básico se plasma a día de hoy en los arts. 29 y ss. de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACA), siendo destacable el intento de “armonización” con la legislación procesal, y particularmente contencioso – administrativa, en materia de términos y plazos, si bien dicha aproximación no ha sido en modo alguno de carácter absoluto, especialmente en lo que se refiere a la “inhabilidad” del mes de agosto a efectos de actuaciones administrativas, y en particular, en lo que respecta al plazo de interposición de recursos administrativos.

Así, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito contencioso – administrativo donde expresamente se establece en el art. 128 LJCA, como regla general, que durante el mes de agosto se produce la interrupción del plazo para la interposición de recursos de dicha naturaleza así como de cualesquiera otros plazos de los previstos en dicha ley, ninguna previsión al respecto se establece en la actualidad en la LPACA (al igual que sus predecesoras), por lo que cabe preguntarse si tal previsión es trasladable al ámbito de las actuaciones administrativas a realizar por las Administraciones Públicas durante dicho mes.