Penalizada la empleada de una residencia de ancianos por no someterse a pruebas de antígenos durante la pandemia

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En un incidente concreto, la mujer ingresó a la residencia por una entrada distinta para evitar ser vista y entró en contacto con los residentes. A pesar de ser instada a salir del centro, se negó, lo que obligó a los administradores a avisar a la Guardia Civil. Después de permanecer tres horas en la residencia, la empleada decidió finalmente irse. A partir del 11 de marzo de 2022, la demandada continuó exigiendo a la empleada, al inicio de cada jornada laboral, que presentara el Certificado de Vacunación o se sometiera al test de antígenos, a lo cual la empleada se negó de forma continuada.

Todo esto en un contexto en el que el Gobierno había aprobado, con fecha 22 de enero de 2022, el Documento Técnico sobre «Adaptación de las medidas en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial en un contexto de alta transmisión comunitaria», el cual establecía que «los trabajadores que rechacen la vacuna o que no hayan completado su vacunación, se realizará […] control de temperatura diaria y PDIA (pruebas de detección de infección activa) de forma regular (mínimo 2 veces por semana) como medida específica de evaluación del riesgo y de prevención«. Una medida similar a la que aprobó, un mes más tarde, la Comunidad de Madrid, en la «Guía de visitas en centros residenciales para personas mayores de la Comunidad de Madrid».